Nueve empleados de la Corte de Cuentas son acusados por favorecer a 45 alcaldías de zona oriental
La Fiscalía los acusa de ayudar a exfuncionarios municipales para evitar juicios de cuenta.
Nueve empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) fueron acusados formalmente por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador por favorecer a 45 alcaldías de los cuatro departamentos de la zona oriental.
Los nueve empleados de la CCR son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delito de incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas, ha solicitado que en la audiencia de imposición de medidas se ordene mandarlos a un centro penal mientras el proceso avanza la siguiente etapa del proceso penal.
De acuerdo con las investigaciones, entre los años 2015 y 2019, los imputados supuestamente favorecieron a algunas municipalidades como Usulután, San Dionisio, Chilanga, San José La Fuente, Anamorós, Corinto, Chinameca, La Unión, Ciudad Barrios, Jucuarán, San Luis de la Reina y Comacarán.
Las indagaciones realizadas detectaron que no se auditaban algunos rubros, superaron hallazgos sin argumentos válidos, convirtieron observaciones en asuntos menores y ampliaron el plazo de las auditorías para subsanar los hallazgo.
En la etapa inicial de la investigación se han encontrado 563 observaciones y solo presentaron informes de 48 auditorías cuyos funcionarios municipales fueron enviados a juicio de cuentas.
Se detalla que los empleados se prestaron para emitir informes de manera ilegal, incumpliendo su deber de fiscalizar debidamente las finanzas públicas de las municipalidades.
Los procesados son: Ismael Pereira Vásquez, director Regional del Oriente de la CCR¸ los jefes de equipo, Wilmer Neftaly Reyes, José Carlos Pacheco, Ramón Armando Alvarado y José Benigno Álvarez, así como los auditores, Vilma Anabel López, Cristin Levi Vásquez, Manuel Antonio Gómez y Karen Lisseth Medina.
Todos se aprovecharon de sus funciones para omitir información de auditorías realizadas en varias comunas del oriente del país, según informó la FGR.
