Fraudes electorales y violaciones a los derechos humanos marcaron el golpe de Estado contra Carlos Humberto Romero en 1979

El 15 de octubre de 1979, oficiales de la denominada Juventud Militar protagonizaron un golpe de Estado que derrocó al general Carlos Humberto Romero, quien gobernaba El Salvador desde 1977. La acción marcó un momento decisivo en la historia política del país, en medio de denuncias de represión, violaciones a los derechos humanos y fraude electoral.

Con la salida de Romero del poder terminó la continuidad de los gobiernos del Partido de Conciliación Nacional (PCN), que había gobernado el país desde 1962. Durante esos 17 años, cuatro militares ocuparon la Presidencia de la República: Julio Adalberto Rivera, Fidel Sánchez Hernández, Arturo Armando Molina y Carlos Humberto Romero.

Los gobiernos del PCN entre 1962 y 1979

El primer gobierno del PCN estuvo encabezado por el coronel Julio Adalberto Rivera, quien gobernó entre 1962 y 1967. Su administración se alineó con la Alianza para el Progreso, impulsada por Estados Unidos, y promovió proyectos de infraestructura y modernización del país.

Su sucesor fue el general Fidel Sánchez Hernández, quien gobernó de 1967 a 1972. Durante su mandato ocurrió la guerra entre El Salvador y Honduras de julio de 1969, conocida popularmente como la Guerra de las Cien Horas o Guerra del Fútbol.

Posteriormente asumió la Presidencia el coronel Arturo Armando Molina, cuyo período se extendió de 1972 a 1977. Su administración estuvo marcada por tensiones políticas y sociales, así como por la represión de protestas, entre ellas la masacre de estudiantes universitarios del 30 de julio de 1975.

Finalmente, Carlos Humberto Romero gobernó de 1977 hasta su derrocamiento en octubre de 1979. Su mandato estuvo marcado por una profunda crisis política, el aumento de la violencia y las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El golpe y el temor a una revolución

El derrocamiento de Romero ocurrió en un contexto regional marcado por el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en julio de 1979, que puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle.

En El Salvador, la creciente organización de grupos revolucionarios y la intensificación de la conflictividad social alimentaban el temor de distintos sectores a que el país siguiera un camino similar al nicaragüense. Sin embargo, atribuir el golpe exclusivamente a la intención de impedir una victoria guerrillera simplifica un proceso en el que también influyeron la crisis institucional, las denuncias de fraude electoral y la represión estatal.

En su proclama a la nación, los militares golpistas afirmaron que los salvadoreños habían padecido durante décadas el irrespeto a sus derechos humanos, los fraudes electorales y la violencia como método de gobierno. También plantearon la necesidad de impulsar transformaciones políticas y sociales para responder a la crisis nacional.

Entre las medidas anunciadas figuraba una reforma agraria, considerada urgente por los promotores del movimiento. Asimismo, propusieron establecer una Junta Revolucionaria de Gobierno integrada por dos militares y tres civiles.

Así quedó integrada la primera Junta Revolucionaria de Gobierno

La primera Junta quedó conformada por los militares Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnoldo Majano, junto con tres representantes civiles: el doctor Guillermo Manuel Ungo, dirigente del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR); el doctor Román Mayorga Quirós, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA); y el ingeniero Mario Antonio Andino, vinculado al sector empresarial.

La Junta anunció reformas institucionales y sociales para enfrentar la crisis del país. No obstante, las divisiones internas, las tensiones entre los sectores que la integraban y la persistencia de la violencia dificultaron la implementación de sus objetivos.

El golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 constituye un antecedente fundamental para comprender el proceso que condujo a la guerra civil salvadoreña. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se constituyó formalmente el 10 de octubre de 1980, y el conflicto armado se prolongó hasta la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992.