Seguridad propone aumentar hasta 60 años de cárcel las condenas para cabecillas de pandillas

Un propuesta para reformar la Ley Contra el Crimen Organizado fue presentada ayer por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, con el objetivo de aumentar hasta 60 años de cárcel la condena para los criminales que están perfilados como cabecillas de las pandillas.

Hoy en día, la ley establece que este tipo de delincuentes sean condenados hasta 45 años de prisión, pero con las nuevas modificaciones la pena máxima aumentaría hasta los 60 años de cárcel, según explicó el ministro como parte de las reformas que les ha permitido combatir a las estructuras terroristas.

«En la segunda fase de reformas de ley se crean los tribunales contra el crimen organizado, en esa línea es que ahora tenemos un nuevo planteamiento. Actualmente, la pena máxima es de 45 años, con esta reforma, los cabecillas sólo por pertenecer a una estructura terrorista deberán enfrentar penas de 60 años», afirmó el funcionario.

Aseguró que estas modificaciones y la implementación de figuras constitucionales como el régimen de excepción han sido claves para erradicar los grupos terroristas.

«La utilización de la herramienta constitucional del régimen de excepción generó, en los primeros días luego de activado, una serie de reformas. Recordemos que en El Salvador nos dejaron plagados de leyes perversas, donde el centro de gravedad eran los derechos humanos de los delincuentes, y no velaban por los de los inocentes», dijo.

Agregó que uno de los principales obstáculos que tuvieron para combatir a las pandillas fueron las leyes penales que durante los gobiernos anteriores no causaron ningún efecto para desarticular y encarcelar terroristas, por el contrario, favorecieron estos grupos y no los derechos de la población.

«Este esfuerzo que está haciendo El Salvador para erradicar a la delincuencia, el principal justiciero de la sociedad requiere de mucha dedicación, y si tu tenías unas leyes perversas teníamos que revisarlas para ir logrando que el Estado, con sus tres órganos, más sus millones de salvadoreños, tuviéramos las herramientas necesarias para poder condenar a estas estructuras, pero a su vez, para garantizar a las nuevas generaciones que ninguno de los niños que están por nacer, en este país, va a volver a vivir un flagelo como estar sometido a un régimen terrorista que dejó más de 120,000 muertos», comentó el funcionario.