Mauricio Funes es directamente acusado de estar involucrado en utilizar proyecto “El Chaparral“ para recibir sobornos millonarios
La justicia salvadoreña continúa con un proceso legal en contra de Mauricio Funes por su implicación en casos de corrupción. En septiembre de 2022, fue declarado en rebeldía por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
El presidente Nayib Bukele ha descrito la central Hidroelectrica 3 de Febrero como “Monumento a la transparencia“ tras su reciente inauguración. Sin embargo, esta obra, con un coto final de $800 millones y una prolongada construcción de 15 años, estuvo marcada por un histórico episodio de corrupción que implicó a tres administraciones anteriores y aumentó los gastos en más de $580 millones.
La presa El Chaparral, proyecto iniciado en 2008 bajo la presidencia de Elías Antonio Saca de ARENA (quien luego fue condenado por corrupción), se convirtió en un foco de corrupción utilizado por el expresidente del FMLN, Mauricio Funes, para enriquecerse y recibir millonarios sobornos de la empresa italiana Astaldi, según alegaciones de la Fiscalía General.
El proyecto El Chaparral se convirtió en un emblema de la corrupción debido al mal uso de los fondos públicos, resultando en un costo final de $800 millones, muy por encima de la inversión inicial estimada de $219.9 millones.
“Este proyecto se prometió desde el gobierno de ARENA. El expresidente Saca colocó la primera piedra en 2008. Luego vinieron los gobiernos del FMLN y prometieron terminar el proyecto. Pero lo único que hicieron fue crear empresas y cuentas bancarias fachada para robar miles de millones de dólares“, dijo el presidente Bukele.
El presidente de El Salvador, en un claro señalamiento, hizo hincapié en el oscuro historial de corrupción que rodeó al proyecto El Chaparral. En sus palabras, afirmó que “como todos sabemos, El Chaparral estuvo envuelto en una gran trama de corrupción, ya que originalmente se planificó entregar en cuatro años, pero nunca se avanzó en su construcción. En cambio, lo que quedó fue un gran hoyo y millones de dólares que desaparecieron”.
En relación al extenso caso de corrupción, la justicia está llevando a cabo procesos legales contra el prófugo Mauricio Funes, quien fue declarado en rebeldía en septiembre de 2022 por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador. Además, José Leopoldo Samour, expresidente de CEL, también está siendo procesado por su implicación en este millonario escándalo de corrupción.
Además, en calidad de rebeldes se encuentran los representantes de la empresa Astaldi, Mario Pieragostini Maiocchi y José Efraín Quinteros. El único imputado presente en el proceso es José Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, cuyo caso fue separado del de los demás acusados.
Mauricio Funes ha intentado distanciarse del caso al argumentar que durante su mandato, su gobierno solo desembolsó $28.5 millones. No obstante, es importante destacar que fue en su administración cuando se rompió el contrato con la constructora Astaldi a través de un “arreglo directo”, lo que, en última instancia, resultó en retrasos y un aumento significativo en los costos de la obra para el Estado.
LA JOYA DE LA CORRUPCIÓN DE LOS GOBIERNOS DE ARENA Y DEL FMLN
El 26 de septiembre de 2008, se firmó el contrato CEL-4143-S entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Astaldi para la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Inicialmente, el costo del proyecto se fijó en $219,900,509.
Sin embargo, Astaldi incumplió reiteradamente el contrato al acumular retrasos considerables desde el inicio del proyecto hasta la suspensión unilateral de las obras. Estos incumplimientos proporcionaron motivos sólidos para que CEL rescindiera el contrato, impusiera sanciones y activara las garantías contractuales.
La empresa constructora presentó una serie de reclamos ante CEL, ya durante el mandato de Mauricio Funes, en los que argumentaban la existencia de situaciones geológicas imprevistas, como el desplazamiento de la margen derecha del cauce del río, denominadas “imprevistos imprevisibles”. Estos alegatos se utilizaron para justificar un aumento o ajuste en el precio del contrato.
El 22 de agosto de 2010, CEL contrató a la firma legal internacional Curtis Mallet-Prevost, Colt & Mosle, S.C., expertos en arbitrajes internacionales, con el objetivo de prevenir un posible litigio con Astaldi.
Asimismo, CEL contrató a la empresa Novotec para llevar a cabo una evaluación técnica en el lugar de la obra, emitiendo un informe que respaldaba las argumentaciones de CEL de cara a un eventual arbitraje.
Durante este tiempo, con la aprobación de Mauricio Funes, José Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, instruyó a los asesores legales locales para buscar una resolución directa con Astaldi y evitar un arbitraje, como ha documentado el ministerio público.
Luego, Funes designó a José Leopoldo Samour Gómez como presidente de CEL, y el 11 de julio de 2011 ejecutó la orden previa de alcanzar un “acuerdo directo” con Astaldi. En este acuerdo, se pagó a la empresa el costo de la obra ejecutada hasta ese momento (un 29%) más una suma adicional de $45,244,418, sin base legal ni técnica que justificara dicho pago adicional, en un total de $108 millones.
Paralelamente, mientras se llevaban a cabo las negociaciones para el arreglo directo con Astaldi, José Miguel Menéndez, en compañía de Samour y otras personas, viajó a Panamá entre el 10 y el 12 de junio de 2012, un mes antes de formalizar el acuerdo.
Durante ese viaje, adquirieron una sociedad pantalla denominada “Headford Business” y abrieron una cuenta bancaria en el FPB Bank Inc. de Panamá a nombre de Headford Business. Esta cuenta se utilizó para recibir sobornos que Astaldi entregó a Funes y a Menéndez como parte del acuerdo directo, que benefició a la empresa italiana con más de $45 millones.
Con el inicio de los pagos de CEL a Astaldi, Menéndez, en colaboración con Pieragostini y la participación de un testigo clave conocido como “Mateo”, creó contratos falsos en los que simularon pagos o retribuciones de servicios supuestamente proporcionados por la sociedad recién adquirida por Miguel Menéndez, llamada Headford Business, y dos sociedades pantalla vinculadas a Astaldi: Railway International Trading Corp. y Rift International, S.A. Estos contratos se presentaron al FPB Bank en Panamá. Además, Mecafé adquirió otra sociedad panameña llamada Rayne Services y abrió una cuenta en el FPB Bank.
Según el testimonio de un testigo en el caso, Mecafé habría obtenido $3.5 millones de Astaldi en beneficio de Funes. Estas sumas ingresaron a las cuentas bancarias de Headford Business y Rayne Services. Tras una investigación pericial, se constató que Rayne Services Corp. recibió depósitos por $1,500,000 y Headford Business por $2,000,000, lo que coincide con el último incremento negociado con Astaldi.
Estos acontecimientos reflejan la situación dejada por dos gobiernos del FMLN: una década de inactividad en la construcción de la presa, pero con pagos millonarios a la empresa Astaldi.
