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Más de 6 mil 300 armas de fuego han sido decomisadas por las autoridades durante gestión del presidente Bukele

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 77% de todos los homicidios registrados en Centroamérica son cometidos con armas de fuego, por lo que el organismo consideró prioritario evitar que estas fueran a parar en manos de los criminales.

A través de la efectividad del Plan Control Territorial (PCT) les ha permitido a las autoridades de Seguridad decomisar más de 6 mil 300 armas de fuego a pandilleros y otro tipo de criminales, lo que representa el 55 por ciento de las armas decomisadas en los últimos cuatro años.

Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) de 2018 hasta el 11 de agosto del 2021 han sido decomisadas 11 mil 412 armas de fuego, de las cuales 6 mil 333 (que representan el 55 por ciento) fueron incautadas en la gestión del presidente Nayib Bukele.

Los datos policiales indican que del total de armas de fuego decomisadas mil 914 fueron por intervención directa a pandilleros durante patrullajes policiales y operativos, el resto, unas mil 498 le fueron decomisadas a delincuentes que forman parte de otras estructuras.

Estos resultados se deben a la implementación de la estrategia de seguridad pública contemplada en el Plan Control Territorial; al ser desarmados los criminales, delitos como el robo y hurto de vehículos con mercadería se redujo en más del 65 por ciento de enero a septiembre de 2020.

Los decomisos de armas también impactaron en la reducción de homicidios en el país, pues al cierre del 2020 el promedio diario fue 3.5, esto se hizo notorio a partir de la implementación del PCT en junio de 2019 cuando se promedió 6.6; en tanto que en los últimos meses del gobierno del ahora prófugo Salvador Sánchez Cerén ocurrían 16 muertes violentas a diario.

Durante el gobierno del corrupto Mauricio Funes (2009-2014), grupos de pandillas realizaron varias entregas de armas de fuego de diferentes calibres en momentos de la denominada “tregua”; sin embargo, las armas entregadas “voluntariamente” por los criminales eran inservibles y oxidadas o eran solo partes.

En cambio, las armas de fuego en buen estado que conservaron las pandillas las utilizaron para matar a ciudadanos, agentes policiales y soldados, de hecho, el 2015 fue el peor de la última década en materia de seguridad, pues fueron asesinados 67 policías y se cometieron 6,656 homicidios.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 77% de todos los homicidios registrados en Centroamérica son cometidos con armas de fuego, por lo que el organismo consideró prioritario evitar que estas fueran a parar en manos de los criminales.

En El Salvador, la pronta intervención de policías y soldados que actualmente han logrado tomar el control de las zonas consideradas de alta peligrosidad del país ha permitido decomisar 4,862 pistolas entre el 1 de enero de 2019 al 11 de agosto de 2021, según información policial.

Asimismo, las estadísticas detallan también que, en ese mismo período, sobre todo, con la puesta en marcha del Plan Control Territorial las autoridades decomisaron 2 mil 504 revólveres, mientras que escopetas se incautaron mil 524, en tanto que fusiles fueron de mil 496.

Las cifras policiales detallan que San Salvador encabeza el listado de departamentos con mayor número de armas de fuego decomisadas 3 mil 337, esto representa el 29 por ciento del total de armas incautadas entre 2018 y agosto de 2021, en segundo lugar, se ubica La Libertad con mil 111 (9.7 por ciento) y San Miguel en tercero con 993 (8.7 por ciento) decomisos a nivel nacional.

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