Más de 5,900 familias son beneficiadas por el gobierno a través de la atención de casos colectivos con la legalización de escrituras
La no entrega de las escrituras de propiedad impide a las familias salvadoreñas hacer modificaciones o adecuaciones a la vivienda, e incluso construir dentro de la propiedad que ya cancelaron a la empresa lotificadora.
Uno de los trabajos del Gobierno de la República Salvadoreña es el de brindar atención para que la población pueda obtener una vivienda segura y digna con las condiciones habitacionales necesarias en fiel cumplimiento de sus derechos como y buscar así un desarrollo pleno para las familias.
Dentro de este marco, la Mesa de Casos Colectiva realiza un trabajo conjunto entre la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Vivienda y el Centro Nacional de Registros (CNR), con el objetivo de garantizar que aquellos salvadoreños que han adquirido su parcela, lote o terreno, obtengan conforme a lo que dicta la ley su respectiva escritura de propiedad.
“Esa problemática que llega a presentar una persona, consultando qué se puede hacer, la tomamos y hacemos una visita a la comunidad y les preguntamos si están pasando por lo mismo, generalmente así sucede, y logramos colectivizar los casos”, expresó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
De acuerdo con la ley vigente en el país, el titular de la Defensoría del Consumidor puede representar a un colectivo de consumidores, medio con el cual se ha logrado resolver la problemática que representa para las familias salvadoreñas no tener la escritura de propiedad de su parcela, lotificación o terreno.
Con estas acciones, el Gobierno Central apoya a las familias salvadoreñas que no poseen seguridad jurídica en cuanto a propiedades habitacionales. “Eso nos ha permitido atender a más de 5,900 familias logrando una recuperación que supera los $16 millones” puntualizó Salazar.
La no entrega de las escrituras de propiedad impide a las familias salvadoreñas hacer modificaciones o adecuaciones a la vivienda, e incluso construir dentro de la propiedad que ya cancelaron a la empresa lotificadora.
En dicha Mesa de Casos Colectiva también participa la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la República (FGR), gracias a un convenio firmado en el 13 de enero pasado, liderado por el Gobierno del Presidente Bukele, con el objetivo de atender la problemática de irregularidad de las parcelaciones y lotificaciones de uso habitacional en el país.
