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Funcionarios de autónomas exponen gastos para el 2024

ANDA tiene presupuestado gastar $325.5 millones, de los que va a destinar 128.6 millones de dólares para bienes y servicios, $90.4 millones para el pago de salarios, $26.2 millones en gastos financieros, $33 millones en activos fijos y $46.4 millones en amortización de deuda.

Los titulares de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y le Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Rubén Alemán y Federico Anliker, respectivamente, se presentaron a la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa para presentar los gatos que van a realizar en el 2024.

Esos gastos deben de ir contemplados en el Presupuesto General de la Nación 2024, que será aprobado por la Asamblea Legislativa hasta el mes de diciembre.

ANDA tiene presupuestado gastar $325.5 millones, de los que va a destinar 128.6 millones de dólares para bienes y servicios, $90.4 millones para el pago de salarios, $26.2 millones en gastos financieros, $33 millones en activos fijos y $46.4 millones en amortización de deuda.

Según lo explicado por Alemán, van a ejecutar varios proyectos para llevar agua potable a más municipios y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en áreas urbanas y rurales.

Uno de los diputados que integran la comisión de hacienda es Edgardo Mulato, quien expresó que los proyectos de ANDA son tan necesarios no solo en la capital, sino también, en todo el territorio nacional y que es ahí donde se deben invertir los fondos públicos para beneficio de la población en general.

En tanto Raúl Castillo de Nuevas Ideas, dijo estar satisfecho por todos los proyectos que ANDA va a ejecutar el próximo año, destacando que se han visto los cambios en la institución, mediante los cuales se han venido resolviendo los problemas que ARENA y el FMLN no lograron atender en su debido momento.

Mulato también destacó que, en el caso de CEPA cuyo presupuesto 2024 es de $193.4 millones, se está financiando proyectos con fondos propios, lo cual los gobiernos anteriores no querían que sucediera en el país, pues no les importaba que las instituciones brindaran mejores servicios a los salvadoreños y visitantes, que hacen uso de la infraestructura de puertos y aeropuertos.

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