Enjuician a exministro de Defensa Atilio Benítez por la venta de armas con registros alterados
Los abogados del exfuncionario no quisieron dar declaraciones sobre el caso ya que se conoció de forma extrajudicial que Benítez buscará confesar los hechos en un procediendo de la Fiscalia.
Atilio Benítez, exministro de Defensa, hasta el julio del presente año definirá su situación jurídica quien enfrenta tres delitos debido a una supuesta venta de armas de fuego los cuales tenían registros alterados, delitos los cuales son atribuidos por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los delitos que enfrenta el exfuncionario son comercio y depósito ilegal de armas de fuego, tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, actos arbitrarios y estafa agravada.
La FGR inició la causa penal en abril del año 2018, quienes dieron inicio por 15 casos que fueron cometidos entre marzo 2010 al 19 de junio de 2014. Los fiscales de investigación de crimen organizado durante el inicio del proceso penal presentaron pruebas que establecieron las irregularidades en las cuentas de las armas de fuego con los registros alterados.
Benítez ordenó a otros militares inscribir armas a través de un decreto el cual ya no se encuentra vigente y posteriormente una considerable cantidad de dichas armas fueron vendidas o donadas a diferentes personas siendo algunos de ellos funcionarios de gobiernos anteriores, según lo informó el ministerio público.
Las pruebas que se han anexado al expediente son testimonios, documentos y pericias las cuales serán analizadas en la vista pública por una jueza del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
En la Cámara Primera de lo Penal fue iniciado el proceso, sin embargo los magistrados al realizar la primera audiencia del proceso le impusieron a Benítez medidas alternas a su detención las cuales a cumplido durando los cuatro años que lleva el caso en los tribunales.
El imputado fue ministro de Defensa Nacional y embajador de El Salvador en Alemania, durante los gobiernos del FMLN no obstante, fue desaforado en diciembre de 2016, por la Asamblea Legislativa, sin embargo antes ya había renunciado a esa inmunidad, a pesar de eso fue enjuiciado ante la Cámara Primera de lo Penal.
Cabe destacar que cuando el caso pasó a la Cámara Segunda de lo Penal las autoridades revisaron el proceso y al percatarse que ya no era funcionario porque había desertado, se declararon incompetentes para continuar con el juicio y trasladaron el expediente al Tribunal Cuarto de Sentencia para que el próximo 3 de julio comiencen a recibir las pruebas respectivas para posteriormente analizarlas.
