Cristiani: “Jamás hubiera autorizado que le hicieran daño al padre Ellacuría”
Alfredo Cristiani respondió a la vista publica con orden de captura con una carta publicada en las redes sociales en las que explica que no confía ni en el tribunal ni en el proceso y recuerda “que la Audiencia Nacional de España desestimó en dos ocasiones por falta de fundamento las acusaciones de la querella particular en mi contra”.
Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos. Tampoco hubo encubrimiento de mi parte.”
Con estas palabras el expresidente Alfredo Cristiani rechaza las acusaciones que se le han formulado en relación con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras a manos de un batallón élite del Ejército, el 16 de noviembre de 1989.
Tres décadas después del acontecimiento, por el que fueron condenados un coronel y otros miembros de la Fuerza Armada, el caso ha sido reactivado por la Fiscalía.
El múltiple crimen se perpetró cuando un contingente del batallón Atlacatl irrumpió en la casa de los sacerdotes, anexa a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en medio de una gran ofensiva guerrillera sobre San Salvador, sus barrios populares y otras ciudades importantes del país.
Los militares asesinaron a tiros a los jesuitas Ignacio Ellacuría, Amando López, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, su asistente Elba Ramos y la hija de esta última, Celina.
El expresidente Cristiani, quien aparentemente se encuentra fuera del país, afirma que nunca supo que jefes militares hubieran preparado semejante atrocidad.
Persecución judicial viciada
El expresidente señala que las acusaciones en su contra son parte de un plan del actual gobierno para destruir la democracia y el legado de los Acuerdos de Paz de 1992 y contra su persona como expresidente del partido ARENA, ahora en la oposición.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, “impuesto por el actual gobierno ha pasado de la difamación y el acoso político mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades, en su empeño por desacreditar y destruir la democracia y el legado de los Acuerdos de Paz… El fiscal general, de mala fe y con claro desprecio a la verdad, me ha acusado públicamente de omisión y de encubrimiento”, dice.
