Corte Suprema imparte formación a jueces sobre casos legales de familias en antiguos bolsones fronterizos con Honduras

Este lunes, un grupo compuesto por 25 jueces de paz de diversas regiones del país participó en un taller con el título “Situación jurídica y social de los sectores afectados por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992”. Esta sentencia resultó en la redefinición de fronteras, transfiriendo una porción del territorio salvadoreño, conocida como los Bolsones, a Honduras.

El objetivo primordial de este taller fue proporcionar a los jueces de paz una comprensión profunda de la situación legal y jurídica que enfrentan alrededor de 18,000 personas radicadas en la región fronteriza con Honduras, anteriormente conocida como los Bolsones.

Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinadora de la Unidad de Facilitadores Judiciales de dicha institución, aclaró la importancia de este taller, señalando: “Tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992 sobre los Bolsones, varios cantones quedaron fuera de nuestro país y pasaron a formar parte de Honduras. Nuestro objetivo es asegurar los derechos de todas las personas que, aunque poseen documentación salvadoreña, sus tierras ahora se encuentran en Honduras”.

Después de completar este taller, los jueces asumirán la tarea de capacitar a los 700 facilitadores judiciales distribuidos en todo el país. Estos facilitadores judiciales son líderes comunitarios que medían en conflictos locales antes de que lleguen a la instancia judicial. Además, serán responsables de proporcionar informes detallados a los jueces sobre la situación legal y jurídica de cada individuo afectado en esta delicada circunstancia.

El taller contó con la valiosa participación de la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, como parte de un esfuerzo coordinado entre ambas instituciones, con el propósito de proteger y garantizar los derechos de los salvadoreños afectados en los ex bolsones fronterizos con Honduras.

Adriana Mira resaltó la importancia de esta colaboración interinstitucional, no solo en el contexto gubernamental sino también a nivel estatal. El enfoque es brindar apoyo a los salvadoreños afectados por la sentencia de la Haya de 1992, que ahora residen en las áreas fronterizas delimitadas, sumando un total de 18,000 personas, según datos del censo.

La viceministra destacó la relevancia de que, después de 31 años, el trabajo del Gobierno se haya extendido a estas zonas, con el objetivo de informar y garantizar los derechos establecidos en la sentencia.

Asimismo, resaltó el papel fundamental de los facilitadores, quienes se encuentran en el terreno, explicando a los afectados sus derechos y necesidades específicas.

Entre los proyectos destinados a los afectados en los bolsones fronterizos, se encuentra la emisión de un carné que los identificará como salvadoreños afectados por la sentencia. Este proyecto tiene previsto iniciar en diciembre y se espera que se complete en tres meses, permitiendo a estas personas desplazarse entre ambos países.

Además, el Gobierno, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, proporcionará paquetes agrícolas, suministros educativos a través del Ministerio de Educación, facilitará la obtención de documentos de identificación a través de centros de DUI, llevará a cabo consulados móviles para la obtención de pasaportes y, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, construirá puentes transfronterizos para facilitar el cruce de personas sin depender de quebradas y ríos.