Al FMLN le preocupa la guerra contra la corrupción
Con un rostro cargado de preocupación, al igual que el resto de los otros dirigentes de ese instituto político que lo acompañaban, Ortiz brindó una conferencia de prensa para decir que el “FMLN viene siendo perseguido. La persecución en el país se está profundizando. Es nefasto lo que se dijo ayer: ¡Cruzada contra la corrupción!”.

El secretario general del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, aseguró que el partido de izquierda se siente “perseguido” por los diferentes actos de corrupción cometidos por sus exfuncionarios.
Con un rostro cargado de preocupación, al igual que el resto de los otros dirigentes de ese instituto político que lo acompañaban, Ortiz brindó una conferencia de prensa para decir que el “FMLN viene siendo perseguido. La persecución en el país se está profundizando. Es nefasto lo que se dijo ayer: ¡Cruzada contra la corrupción!”.
Las palabras de Oscar Ortiz fueron en menos de 24 horas en que el presidente Nayib Bukele Ortez en su discurso de cuarto año de gestión, anunció una guerra frontal contra la corrupción en el país, incluso, en el preciso momento que daba a conocer esa “guerra”, la Fiscalía General de la República (FGR) y efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) hacían un operativo para incautar vienes del expresidente de la República, Alfredo Cristiani, acusado de corrupción y el Estado espera recuperar un poco más de 10 millones de dólares.
Diferentes exfuncionarios, entre ellos expresidentes de la República de los partidos ARENA y del FMLN, han sido acusados por corrupción cometida entre 1989 y el 2019. De ellos tres huyen de la justicia, dos han fallecido y uno se encuentra recluido en el pabellón número nueve de Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona.
Los casos recientes de condenas de funcionarios de gobiernos de ARENA y del FMLN, son las del exministro de la Defensa, David Victoriano Munguía Payes y del expresidente Mauricio Funes, por favorecer a las pandillas en un pacto hecho entre el 2012 y 2014 para reducir la cifra de homicidios en el país.