38 pandilleros enfrentarán juicio por 13 casos de homicidios en La Libertad
Según el ministerio público, los pandilleros comenzaron a cometer los hechos delictivo desde el año 2004 hasta el año 2014.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) acusó a 33 miembros de la pandilla 18 por asesinar a 13 personas en el Puerto de la Libertad. El juicio para los acusados se estará realizando en el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador.
Todos los pandilleros son acusados por agrupaciones ilícitas, delito que el ministerio público pretende probar con declaración de testigos quienes confirmarán la permanencia de los imputados en la estructura terrorista.
En las pesquisas realizadas por agentes policiales bajo la dirección de fiscales de la oficina de Zaragoza, han logrado establecer que los homicidios fueron planificados y perpetrados por diversos móviles.
Los criminales pidieron a varias personas que colaboraran con la estructura, a lo cual ellos se negaron y es por ello que decidieron que debían ejecutarlas ya que las consideraron como enemigos.
En el caso de otras víctimas, los imputados sospechaban que eran de la Mara Salvatrucha y para evitar que invadieran la zona donde ellos delinquían, decidieron asesinarlas.
En el juzgado especializado, la Fiscalía dijo que los diversos hechos delictivos los comenzaron a cometer desde el año 2004 hasta el año 2014.
El ministerio público presentará declaración de varios testigos que incriminan a los mareros en los homicidios y cuentan cómo fueron cometidos los hechos.
También la declaración de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estuvieron indagando la estructura terrorista, con su testimonio se reforzará el delito de agrupaciones ilícitas.
Cabe mencionar que, estos pandilleros todavía no les aplicarán la reforma que la Asamblea Legislativa hizo al Código Procesal Penal en lo relativo al delito de agrupaciones ilícitas ya que el caso fue iniciado antes de las enmiendas.
Previo a las reformas los jueces imponían tres años por colaborar con las pandillas, cinco años a los miembros de las estructuras y nueve a los cabecillas, pero con la reforma al Código Penal las sanciones oscilan entre los 20 y 45 años de cárcel.
