Detalles del plan de corrupción de Funes son revelados en juicio de Saqueo Público

Durante más de un mes de juicio público, testigos y peritos han revelado que Mauricio Funes, antes de asumir la presidencia, buscó la asesoría de Elías Antonio Saca para llevar a cabo su plan de desfalco de fondos públicos. Este plan, según las declaraciones, tenía como objetivo permitir que Funes y su círculo cercano de amigos, familiares y exfuncionarios llevaran una vida de lujos a costa del erario público.

Durante su mandato presidencial, Funes y sus colaboradores mantuvieron su intención de saquear el Estado, aprovechando su posición de poder y la falta de supervisión.

La confirmación de esta intención se basa en parte en la declaración del exsecretario privado de Funes, Francisco Cáceres, quien testificó durante dos semanas en el juicio. Cáceres afirmó que, incluso en la etapa de transición, antes de asumir la presidencia, Funes se reunió con el expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años por corrupción, buscando orientación sobre cómo llevar a cabo el desvío de fondos y otras artimañas.

Saca y su secretario privado, Élmer Charlaix, fueron directos al aconsejar a Funes sobre la clave para su plan: los gastos reservados identificados bajo el código 54315, camuflados a través de un proveedor ficticio llamado “gastos operativos de la presidencia de la república.”

Además, se identificó que la Cuenta Corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República desempeñaba un papel crucial al servir como receptora de los fondos transferidos desde el Ministerio de Hacienda.

Un informe presupuestario y financiero reveló que durante el período que abarcó del 1.º de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, se realizaron solicitudes de recursos destinados a fortalecer este rubro, tanto de manera directa como a través de modificaciones posteriores a la Programación de la Ejecución Presupuestaria (PEP) de la presidencia de la república.

En el transcurso del juicio, se ha establecido la existencia de un proceso de triangulación destinado a el traslado de fondos desde la cuenta única del Tesoro del Ministerio de Hacienda hacia la cuenta corriente Subsidiaria Institucional del Tesoro Público de la Presidencia de la República, y posteriormente se emitieron cheques a favor del proveedor ficticio “gastos operativos de la presidencia de la república“.

Este elaborado mecanismo permitió la sustracción de fondos de las cuentas gubernamentales y del patrimonio del Estado de El Salvador mediante la emisión de 357 cheques, sumando un total de $349,035,400.49. Estos fondos fueron depositados en siete cuentas pertenecientes a Francisco Rodríguez Arteaga, y se identificaron dos cheques adicionales por un valor de $2 millones depositados en una cuenta a nombre de Pablo Gómez. Es relevante destacar que ambas cuentas fueron abiertas por estos dos ex empleados de Casa Presidencial en el Banco Hipotecario.

Los peritajes presentados por la Fiscalía General de la República y detallados ante el Tribunal Primero de Sentencia por los expertos que los elaboraron dejan en claro que las cuentas bancarias en cuestión no tienen ninguna relación con las cuentas oficiales de la presidencia de la república. Además, no se ha encontrado ningún documento que respalde su autorización por parte de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.

En resumen, el Banco Hipotecario, bajo la dirección de Manuel Rivera Castro, quien fue designado presidente por Funes, junto con otros exfuncionarios que estuvieron involucrados en esa institución, colaboraron en permitir que el exmandatario prófugo se hiciera con el 52% de los fondos asignados en el presupuesto de la presidencia de la república entre 2009 y 2014. Este monto asciende a $677,418,176.76.