Aseguran que alcaldías malgastaron fondos para COVID-19 en fiestas patronales, FODES y pagos de proveedores
Según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, un total de 251 alcaldes malgastaron alrededor de 80 millones que el gobierno había destinado para emergencia de la pandemia, durante el período 2018-2021.
El Gobierno salvadoreño gestionó créditos durante la emergencia por el COVID-19 para paliar la crisis sanitaria y económica, de los cuales un 30 % eran para todas las alcaldías del país, informó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Un total de $191 millones fue entregado a las 262 alcaldías del país que no serían reembolsables. «De los casi $200 millones, las alcaldías no iban a pagar ni a devolver ningún centavo, lo iba a pagar por completo el Gobierno», explicó el funcionario.
El ministro agregó que, los créditos se concretaron con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro que fue parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los decretos establecían que únicamente serían utilizados en beneficios de los salvadoreños, sin embargo, durante el período 2018-2021, los alcaldes lo utilizaron para pago de fiestas patronales, en el Fondo De Desarrollo Social (FODES) y pago de proveedores.
«Se hacían préstamos internos. Pasaban fondos de la cuenta COVID al FODES o la cuenta de planilla y ahí pagaban a los proveedores y ciertas cosas que no estaban habilitadas. En la primera entrega que hicimos encontramos que se pagaron fiestas patronales con los fondos de COVID-19. Evidentemente el gasto para la crisis no existió», informó el Zelaya.
Agregó que: «son alrededor de $100 millones los que están malgastados. La mitad de los fondos están malgastados. Hay $4 millones no documentados, solo está el cheque sin justificación», dijo el funcionario en una entrevista.
Los hallazgos encontrados fueron realizados en una revisión que duró un año, que fue lo que otorgó dicho decreto.
Por otra parte, el titular de Hacienda indicó que los resultados de las investigaciones serán presentadas a la Fiscalía General de la República y a la Corte de Cuenta de la República «para decida sobre las responsabilidades administrativas y patrimoniales de los funcionarios que no documentaron los gastos en los que se realizaron en la emergencia».
