Miembros de cúpula del FMLN y expresidentes serán procesados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero serán procesados miembros de la cúpula ortodoxa del FMLN en los tribunales por la Fiscalía General de la República (FGR), entre los más recientes casos están los de los dirigentes históricos de ese partido, Medardo González y Lorena Peña, por no justificar aumento de sus fortunas ante Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según información de CSJ, en el caso de Medardo González la suma por la cual ha sido demandado, junto a su esposa y sus dos hijos, es de $153,346.55. Además, a Gonzales le detectaron dos irregularidades de cuando se desempeñó como diputado del FMLN, entre los años 2015 y 2018.

Las investigaciones determinaron que su esposa, Sonia de González, resultó con siete irregularidades por movimientos bancarios y pagos de tarjetas de crédito por $70,505.98; mientras que su hijo, Medardo González Portal tiene señalamientos por la compra de un inmueble de $70,000, en tanto que Luis González Portal levantó sospechas tras pagar un préstamo bancario de $8,948.00.

Ante estas irregularidades, González y su grupo familiar deberán responder ante la Cámara Tercera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador.

Asimismo, la FGR ya dio inicio a su investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, luego que el pleno de la CSJ ordenara que sea sometida a juicio civil, pues no justificar aumento a su patrimonio por más de $264,000 (de un total de $762,465) cuando fue diputada entre los años 2012 al 2018.

Para Peña, el juicio civil será desarrollado por la Cámara Primera de lo Civil. A esto se suma los señalamientos que le hiciera la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el destino $580,000 de fondos públicos otorgados a la «fundación» Mélida Anaya Montes, de la cual Peña es fundadora y para la cual se habría valido de su cargo para asignar recursos.

Ayer lunes, el fiscal general, Rodolfo Delgado, reiteró las demandas en contra de González y Peña por enriquecimiento ilícito; y, desmintió que se trate de una persecución política como ambos se justifican.

«El compromiso de la Fiscalía es combatir la corrupción, producto de ello es que estamos presentando estas demandas de enriquecimiento ilícito; hay que recordar que las facultades de la Fiscalía también es la de formular cargos de naturaleza penal por este tipo de hechos», dijo ayer el fiscal en la entrevista televisiva.

En diciembre de 2022, el Ministerio Público giró orden de captura contra el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, vinculado a la supuesta corrupción que tuvo en el cuestionado y fracasado proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).

El exministro es señalado de incumplimiento de deberes por no cumplir con los procesos «que se establece en la LACAP, así como en la constitución para concesionar este bien público».

Según investigación de la Fiscalía, hubo subcontrataciones, anticipos inauditos y prórrogas no justificadas en dicho proyecto para el que se destinaron $45 millones de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que actualmente está abandonado.

En octubre de 2018, la Cámara Segunda de Primera Instancia de la Corte de Cuentas condenó a Martínez, quien está refugiado en México, a pagar $2.4 millones por ilegalidades encontradas en el proyecto Sitramss.

Por otro lado, el exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes, ha sido procesado en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador por presunto lavado de dinero por un monto de $5.6 millones.

La acusación contra Reyes surge de investigaciones que determinaron que hubo devaluación en el precio de unos terrenos ubicados en zonas exclusivas propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) para favorecer a la sociedad Terrein S.A. de C.V. de la cual Reyes es accionista.

Mientras que el expresidente Salvador Sánchez Cerén huyó a Nicaragua para evadir la justicia salvadoreña que lo juzga por corrupción. El régimen de Daniel Ortega le concedió en julio de 2021 la nacionalidad nicaragüense, junto a su esposa, hijos y hasta sus nietos

El hecho sucedió luego que el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador ordenara que a Sánchez Cerén le fuese emitida una orden de difusión roja, a través de la Interpol, pues sobre él hay acusaciones de lavado de dinero y de participar en actos de corrupción, pues según la Fiscalía recibió $530,000 adicionales a su salario mientras se desempeñaba como vicepresidente del prófugo Mauricio Funes (2009-2014).

Y por último, también está el caso de Funes, quien es señalado de haber participado en el desvío de más de $351 millones de fondos públicos. Además de estar salpicado por recibir sobornos en el proceso de la presa el Chaparral y por otorgar el proyecto del puente San Isidro, que costó $8.4 millones.