El Gobierno sigue con las inspecciones en el precio de los granos básicos con el objetivo de garantizar que la población pague el precio justo

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa trabajando en la inspección de los diferentes puntos de comercialización y distribución de productos de la canasta básica, el objetivo es garantizar que la población pague el precio justo por lo que consume.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, junto con el equipo técnico de la institución efectuaron un operativo de verificación de inventarios y precios en puntos de venta de granos básicos, en la calle Gerardo Barrios, en San Salvador.

“Estamos en una de las principales plazas de abastecimiento a nivel mayorista, me refiero a diferentes tiendas que se encuentran ubicadas en la calle Gerardo Barrios donde estamos realizando verificaciones”, aseguró Salazar en una conferencia de prensa.

Gracias a las inspecciones de la institución, se ha logrado identificar el abastecimiento de los granos de alto consumo el país: maíz y frijol, además se la logrado frenar los efectos especulativos y se ha sancionado a comercializadores que han incrementado injustificadamente el precio de los productos.

“Esta labor ha permitido que ya se hayan sancionado a 25 comercios, estamos hablando de multas que superan los $102,000”, señaló Salazar, quien detalló que en las últimas semanas se ha incrementado el número de casos presentados ante el Tribunal Sancionador debido a las investigaciones realizadas en materia de frijol.

“Ya llevamos 85 casos que se han presentado ante el Tribunal Sancionador, estos casos se han incrementado en los últimos días precisamente a partir de las investigaciones que hemos hecho en el tema del frijol porque detectamos algunos comercios que estaban vendiendo productos con inventarios antiguos a precios alterados y que no tenían ningún tipo de justificación”, dijo el presidente de la Defensoría.

De acuerdo con Salazar, estas verificaciones continuarán en todo el país con el objetivo de evitar prácticas abusivas que afecten el bolsillo de las familias salvadoreñas, lo anterior como parte del combate a la especulación, una acción complementaria a las 11 medidas antiinflacionarias anunciadas por el Presidente Bukele, en los primeros meses de este año.