Juzgado impone medidas y fianza de $5,000 al empresario Catalino Miranda por incrementar pasaje en rutas 42 y 152
El ministerio público detalló que presentó la segunda acusación en contra de Catalino Miranda tras denuncias hechas por pasajeros de esas dos rutas quienes se quejaron del aumento en el pasaje.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, decretó medidas sustitutivas a la detención y el pago de una fianza de $5,000 a Catalino Miranda empresario de transporte, acusados por el delito de venta a precio superior.
La jueza no entró a conocer el caso de su hijo, Adalberto Antonio Miranda Zepeda, debido a estar ausente y resolverá posteriormente mediante la revisión del expediente.
«A finalizado la audiencia y el juzgado resolvió pasar a la siguiente etapa en virtud que ha considerado que se cuenta con los elementos indiciarios tal como se exige en esta etapa para considerar que ha existido el delito que se ha mencionado y que el señor Catalino Miranda ha participado en el mismo», expresó una fiscal.
La Fiscalía General de la República enfatizó que ambos son los responsables de haber incrementado la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152, de las cuales son accionistas.
El ministerio público detalló que presentó la segunda acusación en contra de Catalino Miranda tras denuncias hechas por pasajeros de esas dos rutas quienes se quejaron del aumento en el pasaje.
Según la FGR, existen suficientes pruebas que vinculan a los procesados en el incremento ilegal del pasaje de las rutas que operan bajo la Sociedad ACOSTES de El Salvador.
En la acusación el ministerio público dice que los conductores de las unidades estaban cobrando $0.35 centavos de pasaje, pese a que el Viceministerio de Transporte (VMT) les había autorizado $0.20, de ese aumento Catalino Miranda y su hijo estaban enterados señala la representación fiscal.
El pasado 18 de marzo, el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, mandó a la cárcel a Catalino Miranda, por el delito de desórdenes públicos, mientras que por resistencia el proceso pasó a la segunda etapa del proceso sin ninguna medida.
El 21 de marzo, los abogados defensores presentaron un recurso de apelación mostrando inconformidad por la detención ordenada y han solicitado a una cámara de lo penal que revisa esa decisión judicial.
Por su parte, los abogados han manifestado que los desórdenes públicos es un delito que no se ha configurado debido a que el ilícito se da cuando dos o más personas participan en los hechos y en este caso, Catalino Miranda no ocasionó ningún desorden público.
